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Los políticos europeos que tratan el tema de las patentes suelen retratar el proyecto de Patente Comunitaria como clave para el progreso y la prosperidad de Europa. La capacidad de innovación de nuestra economía, de acuerdo con esta visión, parece ser en gran medida función de que las patentes sean baratas y uniformemente válidas a lo largo del mercado interno europeo. La Alianza Eurolinux cree que la Patente Comunitaria, según los planes actuales, perjudicará a la innovación y a los ciudadanos europeos. Esta patente no debería ser construida como una extensión del sistema actual, mantenido por la Oficina Europea de Patentes, sino como un nuevo sistema ágil, descentralizado, no burocrático y basado en el principio de que el que contamina paga. El manifiesto con la postura de Eurolinux está acompañado de un libro de firmas en línea.
En su forma actual, la directiva sobre la Patente Comunitaria, propuesta por la Dirección General para el Mercado Interno (Comisario Europeo Frits Bolkestein) supone una seria amenaza para la innovación en Europa.
Los políticos europeos relacionados con las patentes tienden a describir el proyecto de la Patente Comunitaria como un asunto de vital importancia para el progreso y la prosperidad en Europa. Según ellos, la innovación y la prosperidad en Europa dependen de la disponibilidad de una patente barata que pueda hacerse cumplir uniformemente en las distintas jurisdicciones europeas. Creemos que este punto de vista se centra demasiado en la perspectiva del dueño de la patente. Mientras que los beneficios del bajo precio y la uniformidad son evidentes, pueden ser difíciles de llevar a cabo sin añadir una carga extra a los ciudadanos, además de las cargas que el sistema de patentes ya genera por sí solo. En lugar de seguir optimizando el sistema de patentes para beneficio de los dueños de las patentes, deberíamos parar y preguntarnos: ¿cómo debería construirse la Patente Comunitaria, si tiene que generar el máximo beneficio público con un mínimo coste público?
Antes de que las patentes generen beneficios, empiezan por imponer una carga en la sociedad restringiendo la libertad. La libertad es un valor primordial en la democracia y la economía de mercado, que no debe ser restringido sin una clara evidencia de que esa restricción beneficia al público. Sin embargo estudios económicos, tanto antiguos como actuales, muestran que en muchas áreas (especialmente aquellas relacionadas con el software, las soluciones lógicas a los problemas y la innovación secuencial) las patentes actúan en contra de su propósito: tienden a sofocar la innovación e incluso disminuir la propiedad en conjunto (interfiriendo con los derechos de autor). Estudios económicos sobre las patentes de genes apuntan en la misma dirección. Los artículos 52 y 53 de la Convención Europea de Patentes reflejan esta idea, limitando la patentabilidad al campo de las invenciones técnicas, esto es, enseñanzas acerca del uso de las fuerzas controlables de la naturaleza, y excluyendo explícitamente todos los tipos de reglas para la organización y el cálculo, así como los descubrimientos y otros asuntos cuya patentabilidad tiende a producir mayor perjuicio que beneficio.
La Oficina Europea de Patentes (OEP), a quien se confió la vigilancia y mantenimiento de la letra y el espíritu de la Convención Europea de Patentes, ha violado sin embargo, deliberadamente, la ley, despreciado el orden constitucional de los estados miembros de la CEP y trabajado en contra del interés público para el solo beneficio de ella misma y de la comunidad de patentes. Por ello ha generado inseguridad legal, y ha avivado las críticas y la desconfianza en el sistema europeo de patentes.
Está claro que algo ha ido mal en la construcción de la OEP. Una falta de equilibrio institucional ha llevado a que se centre en sí misma, no rinda cuentas a nadie e incluso a una habitual insensibilidad moral. La Patente Comunitaria difícilmente podrá tener éxito si se construye sobre unos cimientos organizativos enfermos. En lugar de dar nuevos poderes a una organización que ya ha abusado sistemáticamente de los que tenía, debería diseñarse un nuevo marco de organización con los controles y equilibrios adecuados.
A continuación sugerimos algunos elementos posibles para tal diseño. Aunque, quizás no todos ellos serán políticamente aceptables en este momento, ilustran una dirección general. El objetivo es que, sea como sea el diseño final del sistema, debería ser ágil, descentralizado y controlable democráticamente.
Al mismo tiempo, exigimos que la OEP sea puesta bajo escrutinio, que aquellos que sean responsables de las malas prácticas de la OEP sean castigados y que algunos de los principales culpables sean cesados de sus puestos. Sin embargo, esta campaña no debería interferir en el camino del proyecto de la Patente Comunitaria. El proyecto de la Patente Comunitaria debería ser llevado a cabo por su propio lado, libre de las cargas del pasado.
El principio de "el que ensucia paga", en lugar de la burocracia de exámenes
Es hora de sacar conclusiones del aparente fracaso del sistema de exámenes. Después de décadas de intentos fallidos de mejora, las cosas sólo están empeorando: tenemos procesos eternos de espera para el examen que producen patentes triviales y a menudo incluso inválidas.
En lugar de permitir que una oficina enorme acumule una larga lista de solicitudes de patentes sólo para engañar al público con un sello de validez inválido, las descripciones de las patentes deberían ser publicadas directamente, siguiendo algunos requisitos formales, como ya se hace en Francia y Australia.
Para proteger al público de solicitudes de patentes injustificadas, el trabajo de invalidar tales solicitudes podría ser recompensado con un incentivo, pagable por el dueño de la patente invalidada través de algún procedimiento. Como en otros ecosistemas, el que ensucia debe pagar, y no debería haber ninguna gran organización que se beneficie de la contaminación.
Por otra parte, si los dueños de patentes serias necesitan pruebas de validez realmente fuertes para los procedimientos de infracción, pueden reunir la suma de la recompensa por invalidación. Esto creará un mercado para las compañías de seguros de validez de patentes, que a su vez podrían decidir la realización de algún tipo de examen sobre las patentes. Son posibles también otras muchas variaciones, refinamientos y compromisos sobre este "principio de el que contamina paga".
Si la Patente Comunitaria va a ser administrada mediante algún tipo de burocracia, dicha burocracia debería ser llevada a cabo a nivel nacional o incluso regional, antes que por una autoridad central.
Independencia de jurisdicción y legislación
Al igual que con las patentes nacionales, la jurisdicción de la Patente Comunitaria no debería ser manejada por las oficinas de patentes, sino por juzgados independientes.
Dado que la Comunidad Europea no es actualmente un estado democrático completo con un equilibrio de poderes fiable, debería haber reservas con respecto a la creación de un Juzgado Europeo de Patentes central. Incluso en un estado-nación democrático como los EE.UU., la creación de un alto juzgado central de patentes (CAFC) a principios de los 80 marcó un punto de inflexión entre un sistema de patentes equilibrado y un círculo vicioso e incontrolado de inflación de patentes.
Especialmente en lo que concierne a los límites de la patentabilidad (concepto de invención) y otras cuestiones con implicaciones constitucionales, es necesario un equilibrio por encima de la centralización de los poderes judiciales. La diversidad regional puede funcionar como factor correctivo. Establecer un sistema separado de jurisdicciones administrativas sobre las oficinas de patentes, en las que los intereses de la libertad pública tengan voz, también ayudaría. Cualquier divergencia de doctrina que se desarrolle puede ser tratada por la legislación cada cierto tiempo.
Solución al dilema del multilingüismo
A la vez que la carga de tener que proporcionar traducciones para 22 idiomas es formidable, exigir a todos los europeos que tengan fluidez en el inglés o en cualquier conjunto específico de idiomas oficiales simplemente traslada esa carga de los solicitantes de patentes a los ciudadanos y va en contra del compromiso expreso de la UE con la diversidad cultural.
Sin embargo, parece que hay algunas alternativas que no han sido consideradas en su totalidad hasta el momento.
Las traducciones automáticas podrían ser aceptadas, si alcanzan un cierto nivel de fiabilidad. Usando lenguajes intermedios como el UNL o el Lojban (Idioma lógico), el solicitante de una patente puede crear una representación semántica inequívoca que podría ser traducida automáticamente a cualquier número de idiomas de forma fiable. Tal representación semántica podría además resultar de ayuda eliminando ambigüedades de las solicitudes y las descripciones durante los litigios sobre patentes.
Otra forma de abordar el problema sería estipular que las Patentes Comunitarias sean potencialmente válidas en todos los países, pero que puedan hacerse cumplir en cada país sólo tras la publicación de una traducción para dicho país.
Estas formas de solucionar el problema pueden también combinarse de múltiples formas (por ejemplo, publicación simultánea de solicitudes traducidas automáticamente acompañadas de una representación semántica de alta calidad en un lenguaje intermedio, mientras que las versiones perfeccionadas en ciertos idiomas nacionales se publicarían posteriormente, o sólo antes de emprender acciones legales en el país en cuestión).
La UE podría usar esta oportunidad para avanzar en la informática de los idiomas en Europa y para establecer un modelo para otros campos.
Finalmente, al pensar en los costes del problema del multilingüismo, debe tenerse en cuenta que este problema no existe en el caso de los derechos de autor. Es el concepto de reclamaciones explícitas (que constituyen el fundamento de la patente) el que crea esta carga, y no ayuda el hecho de culpar a la diversidad lingüistica europea de los altos costes de las transacciones que cualquier sistema de propiedad de las ideas impondrá inevitablemente en el público. El riesgo de litigio asociado a las patentes es tan alto que ninguna compañía de seguros está dispuesta a cubrirlo. Cuanto más grande sea el mercado, mas inseguridad habrá acerca de la validez de las solicitudes de patentes. Por tanto, en Europa el dilema del multilingüismo es tan solo un pequeño factor de coste que se suma a las muchas razones para la adopción de una solución restrictiva a la cuestión de la patentabilidad: usar las patentes sólo para verdaderas invenciones técnicas (nuevas enseñanzas de causalidad física aplicada), y aplicar a todo lo demás, especialmente a los frutos de la creación puramente mental en cualquier contexto (libro, programa de ordenador, dispositivo eléctrico, representación teatral), la legislación de derechos de autor y otros regímenes similares.
François Pelegrini (ABUL.org)
Frédéric Couchet (APRIL.org)
Stéfane Fermigier, Bernard Lang & Jean-Paul Smets (AFUL.org)
Frank Dittmann (Deutsche Gesellschaft für Kybernetik e.V.)
Siegfried Piotrowski (Europa-Klub e.V.)
Pascal Ricard & Sylvain Perchaud (Europe Shareware)
Hartmut Pilch & Thomas Winischhofer (FFII.org)
Bernhard Reiter & Peter Gerwinski (FSFE.org)
(HispaLinux)
Anne Østergaard & Erik Josefsson (SSLUG.dk)
Luuk Van Dijk (VOSN.NL)
Clemens H. Cap (profesor de informática de la Universidad de Rostock)
Charles Durand (profesor de la Université de Technologie de Belfort-Montbéliard)
Rodolphe Quiedeville (Lolix SA)
Walter Lückemann (Tibosoft GmbH)
Emanuel Raviart (Easter-Eggs SA[1])
También hay un libro de visitas, que permite a los visitantes firmar y contribuir con sus comentarios.
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